Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, quiero intervenir para trasladar con claridad y rigor la posición de este equipo de gobierno en relación con la Cruz de los Caídos de Lozoyuela.

En primer lugar, debemos partir de una idea fundamental: no estamos ante una decisión arbitraria ni ideológica. Estamos ante el cumplimiento de una obligación legal. La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, establece en su artículo 35 que deben retirarse de la vía pública aquellos elementos que supongan exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil o de la dictadura franquista. Y en su artículo 60 recuerda que el incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones.

Esta misma ley atribuye a las administraciones públicas, y en particular a los ayuntamientos en su ámbito territorial, la responsabilidad de actuar. Por tanto, no se trata de si queremos intervenir o no, sino de que debemos hacerlo.

Además, este Ayuntamiento ha actuado con total transparencia y rigor. Se han solicitado informes tanto al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática como a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, tal y como se trasladó también a la oposición. Ambos informes coinciden en lo esencial: el monumento presenta un carácter claramente franquista y le resulta de aplicación la Ley de Memoria Democrática. Asimismo, se concluye que carece de valores artísticos o patrimoniales suficientes que permitan acogerse a una excepción. En este sentido, aunque el monumento debe entenderse como un conjunto y, en principio, no procedería mantener elementos aislados del mismo, este Ayuntamiento no descarta analizar distintas alternativas dentro del marco legal, siempre que se den las condiciones jurídicas necesarias. En todo caso, insistimos en que no existe aún una decisión definitiva al respecto.

Por tanto, la conclusión técnica y jurídica es clara: en todo caso debe cesar su exhibición en el espacio público, en especial de la simbología franquista como el yugo y las flechas. 

Dicho esto, quiero dejar igualmente claro que no hay una decisión cerrada sobre cómo se va a llevar a cabo esta actuación. No se ha decidido aún ni el cómo, ni el cuándo, ni la solución concreta, como ya he expresado. Este proceso está pendiente de una resolución de Alcaldía que todavía no se ha emitido. Por eso, lamentamos que haya circulado información incompleta o precipitada entre los vecinos.

Y en este punto sí quiero dirigirme directamente a la concejal de la oposición que ha difundido información tras la reunión mantenida con este equipo de gobierno. Debe recordar que, como miembro de esta corporación, está obligada a cumplir el Reglamento orgánico de funcionamiento del ayuntamiento, cuyo artículo 6, apartado 5, establece claramente la obligación de respetar la cortesía corporativa y de no divulgar actuaciones municipales que tengan carácter reservado o asuntos de competencia de la Alcaldía sobre los que no haya recaído resolución.

Así pues, sirva esto como aclaración, y tenga en cuenta que esta conducta es sancionable. Cada cosa tiene un proceso y un tiempo, y ustedes piden confianza y dialogo con el único fin de hacer mala política y buscar el conflicto, no el dialogo. Este gobierno, como muchas veces hemos repetido, no es ni partidista ni busca un beneficio propio.

Difundir información parcial, no definitiva y fuera de los cauces institucionales no solo genera confusión entre los vecinos, sino que supone una falta de responsabilidad institucional y un incumplimiento de las obligaciones que todos los concejales hemos asumido. Le pedimos, por tanto, que actúe con la prudencia, el rigor y el respeto que exige el cargo que ocupa, igual que este equipo de gobierno está haciendo en todo momento. Ustedes, tras nuestra reunión, han consultado un expediente en tramitación, que refleja el estado actual de esta polémica: se ha pedido informe sobre el monumento, ni más ni menos. No hay decisión adoptada, ni actuaciones secretas. 

También es importante aclarar una cuestión jurídica relevante: aunque el elemento esté incluido en el catálogo municipal de bienes protegidos, la Ley de Memoria Democrática, como norma estatal, prevalece. Esto no significa que no haya que seguir un procedimiento; al contrario, obliga a tramitar una modificación del catálogo y un expediente administrativo conforme a la legalidad. Y eso es precisamente lo que este Ayuntamiento va a hacer: seguir el cauce legal con todas las garantías.

Esta anomalía, que se catalogue algo que no debería, deriva de la antigüedad de nuestro catálogo, que causa muchos otros problemas en el municipio, y que se ha ido parcheando con mayor o menor acierto a lo largo de los años. Por tanto, estamos aplicando un catálogo obsoleto, y que está en proceso de reformarse junto al nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Ya en julio de 2022, por este mismo motivo, pedía la Asociación de Vecinos y Propietarios, que se anulara en pleno el catálogo, y defendían la nulidad de este y de las Normas Subsidiarias del año 76, incluida la protección de este monumento que nos ocupa. 

En relación con el valor etnográfico y la tradición de la cantería, quiero ser muy clara. Este equipo de gobierno reconoce, respeta y valora profundamente el trabajo de los canteros, que forma parte de la identidad de nuestro municipio. Pero también debemos ser rigurosos: el monumento no es un homenaje a la cantería, se ejecutó durante la dictadura y no podemos olvidar que muchas de estas construcciones en la posguerra se realizaron en contextos de represión, con participación de presos políticos bajo sistemas de trabajo forzado, junto a trabajadores libres en algunos casos.

Por tanto, cualquier interpretación honesta del monumento debería incluir toda esa realidad, no solo una parte.

Además, no estamos hablando de un símbolo neutro. Es un monumento que, aunque para algunos vecinos tenga recuerdos personales, para otros muchos sigue representando dolor, humillación y pérdida. Las heridas de la Guerra Civil y la dictadura no son tan lejanas como a veces pensamos. En nuestro propio municipio hay familias que las han sufrido directamente.

Y aquí es donde debemos hacer una reflexión más profunda: no se trata de bandos, ni de reabrir heridas, sino de cumplir con una obligación legal y también moral. De garantizar que el espacio público represente a todos por igual y no mantenga símbolos que exaltan una dictadura que causó sufrimiento, división y represión.

Este tipo de procesos no son exclusivos de España. En Alemania, por ejemplo, los espacios vinculados al nazismo se han conservado únicamente como lugares de memoria, como ocurre en Polonia con Auschwitz, que se mantiene como museo desde 1947 para preservar la evidencia histórica, conmemorar a las víctimas y educar a las generaciones futuras sobre los horrores del totalitarismo. Este modelo es completamente diferente al caso de la cruz de los caídos, ya que Auschwitz se preservó como prueba innegable del genocidio nazi y contra el negacionismo del Holocausto. Para servir como lugar de duelo y respeto por el más de 1 millón de personas, que fueron asesinados en ese lugar, educar sobre el horror que allí se vivió, los peligros del odio, y la destrucción de la dignidad humana. Y porque posteriormente, en 1979, la UNESCO declaró el sitio como Patrimonio de la Humanidad, destacando su importancia como «testigo silencioso» del genocidio. Es decir, un proceso similar al que se está llevando a cabo en los Destacamentos Penales españoles, como los dos que hay en nuestro término municipal. 

En otros países europeos, como Rumanía tras la caída del comunismo, los símbolos de la dictadura fueron retirados del espacio público. El objetivo en todos estos casos no es borrar la historia, sino explicarla con rigor, sin exaltarla. Eso mismo es lo que se propone aquí. 

Por todo ello, lo que este Ayuntamiento pretende es seguir el procedimiento legal: modificar el catálogo, y proceder a la retirada del elemento de la vía pública o partes del mismo que corresponda, garantizando que deje de exhibirse como símbolo de exaltación, que es lo que pide la ley. 

Y quiero terminar con un mensaje claro: conocemos el sentir de quienes desean mantener este elemento, y lo respetamos. Pero también conocemos y escuchamos a quienes se sienten heridos por su presencia. Nuestra obligación es gobernar para todos, cumplir la ley y actuar con responsabilidad.

No se trata de imponer, sino de explicar. No se trata de borrar, sino de contextualizar. Y no se trata de dividir, sino de avanzar hacia un espacio público que represente los valores democráticos que hoy compartimos.

Quiero reiterar una última vez, que aún no se ha decidido qué se va a hacer, ni cómo, ni cuándo. Según se recabe toda la información necesaria se valorarán las posibles opciones.

Muchas gracias.

– Intervención de la Alcaldesa-Presidenta Dña. Lucía Balseiro Serrano