Uno de los asuntos de actualidad que preocupan a nuestros vecinos es el futuro Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, cuya aprobación inicial fue adoptada por unanimidad en sesión plenaria de carácter ordinario el 30 de noviembre de 2019 (publicada en el BOCM el 26 de diciembre de 2019), y que supone uno de los pilares básicos del futuro Plan General de Ordenación Urbana de Lozoyuela – Navas – Sieteiglesias, que actualmente se encuentra en proceso de redacción por parte de la empresa adjudicataria, con la supervisión técnica del Ayuntamiento de Lozoyuela.

Si bien es cierto que los ayuntamientos tienen competencias en materia de redacción del catálogo, no menos cierto es que esa redacción debe ajustarse a las directrices de las Direcciones Generales de Patrimonio Cultural, Arquitectura y Urbanismo, entre otra áreas, que basan sus criterios en la legislación vigente, en concreto en la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; la Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de Espacios Urbanos Degradados y de Inmuebles que deban ser Objeto de Preservación; la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid; la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental; El Reglamento de Planeamiento, para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio; el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobada por Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; por no hablar de la propia Constitución Española de 1978, que hace mención explícita a la obligación de proteger el patrimonio.

Es importante entender que todo este marco normativo regula la redacción del catálogo y los criterios que establecen los organismos superiores. Por ello, es necesario que todos sepamos y queramos interpretar todas estas leyes para poder conocer el procedimiento de forma coherente y con el equilibrio necesario para obtener un criterio justo y consciente sobre la situación actual.

Dicho esto, es fundamental que todos los vecinos y propietarios conozcan en qué situación estamos y qué pasos y por qué han sido dados por el Ayuntamiento. Existen informaciones interesadas al respecto que pueden confundir a la gente y generar suspicacias contra los técnicos municipales y la Corporación Municipal. En este sentido, como actual Alcalde, me hago responsable de todo lo acontecido desde mi entrada en el gobierno municipal el 19 de junio de 2019, cogiendo el relevo del anterior Alcalde y compartiendo con la anterior Corporación el mismo equipo técnico y jurídico. Pero también me hago cargo de asumir como propias las decisiones tomadas por el Equipo de Gobierno anterior, con el debido asesoramiento jurídico y técnico, para que tengan todos los vecinos la tranquilidad y seguridad de que este consistorio no ha incumplido formalidad alguna del procedimiento debido.

Desde nuestra entrada en la Alcaldía no hemos parado de atender a vecinos que solicitaban información sobre el CBEP, hemos convocado una reunión participativa celebrada por videoconferencia durante el primer Estado de Alarma, hemos ampliado generosamente el plazo de presentación de alegaciones y, aún fuera de plazo, se han atendido nuevas solicitudes, con la intención de valorar y trabajar todas y cada una de las aportaciones vecinales. Además, nos hemos reunido con pequeños y grandes colectivos vecinales con los que hemos podido trabajar sus propias demandas. Pero debe entenderse que el trámite de aprobación inicial es necesario para la exposición pública del documento y la consiguiente presentación de alegaciones al texto.

Actualmente estamos esperando la entrada en el Ayuntamiento de algunos informes sectoriales, preceptivos y vinculantes, que son imprescindibles para dar respuesta a las alegaciones, y con el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio, incorporar al texto aquellas solicitudes que tengan base justificativa suficiente. (Referencia al artículo 60 de la Ley 9/2001 y 16.3 de la Ley 3/2013: Serán preceptivos, entre otros, los siguientes informes: El informe de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico-artístico, cuando se trate de Catálogos que afecten a bienes de su competencia, que será vinculante en los términos de la legislación reguladora de esta materia; el de la Consejería competente en materia de Catálogos de protección del patrimonio urbano y arquitectónico, cuando se trate de Catálogos de bienes no incluidos en el patrimonio histórico-artístico, que será vinculante, y el de la Consejería competente en materia de medio ambiente cuando se trate de Catálogos de espacios naturales protegidos).

Tras incorporar las alegaciones y efectuar las correcciones y subsanaciones trabajadas, el texto volverá a ser llevado a pleno para su aprobación provisional, si procede. Y, finalmente, será a cargo de la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, la aprobación definitiva del nuevo catálogo. Por ello, podemos decir que aquella aprobación inicial supuso un primer paso fundamental para disponer de un catálogo actualizado, hecho que era obligatorio desde el año 2013, y que es requisito básico para poder sacar adelante el futuro Plan General de Ordenación Urbana, así como las diferentes modificaciones puntuales de las NNSS, entre las que se encuentra la de la vivienda bifamiliar, fundamental para el desarrollo del municipio.

Desde el Ayuntamiento hemos trasladado en varias ocasiones, y a las diferentes direcciones generales implicadas en el procedimiento, nuestra preocupación por determinados grados de protección que complican a nuestro criterio el futuro catálogo, así como el interés de vecinos, propietarios y Grupo de Gobierno de lograr un texto equilibrado, que proteja nuestro patrimonio al tiempo que permita el desarrollo de proyectos realmente viables para los propietarios del municipio.

Para concluir, existen algunas informaciones interesadas que no dejan de ser bulos que confunden a nuestros vecinos, y que quiero aclarar, de una vez por todas, para aliviar la preocupación de nuestra gente respecto al futuro CBEP:

En primer lugar, este Ayuntamiento, tanto los técnicos como los concejales, sí defendemos los intereses del municipio en Madrid, y lo hacemos constantemente en muchas mesas de trabajo y reuniones mantenidas con las distintas direcciones generales que intervienen en el proceso de redacción del texto. Eso sí, defendemos el interés general de todos los vecinos, y no los intereses concretos y particulares que en algunos casos se pretende.

Por otra parte, ningún colectivo social está interviniendo en la redacción y corrección del CBEP. La participación en reuniones con la Alcaldía o con los Servicios Técnicos Municipales no implica que ningún colectivo vecinal tenga capacidad ni atribuciones para redactar o subsanar ningún aspecto del texto en cuestión. Por eso, pido tranquilidad a todos los vecinos, ya que ninguna parte interesada está influyendo para imponer intereses particulares de ninguna índole, ni en Lozoyuela ni en Madrid. Las informaciones de parte que se cuentan en otro sentido son rotundamente falsas.

Como no puede ser de otra forma, tanto el Grupo de Gobierno que presido, como los Servicios Técnicos y Jurídicos del Ayuntamiento, está a disposición de todos los vecinos y propietarios para resolver cualquier duda, recibir cualquier sugerencia o atender cualquier queja, tanto referente al asunto referido en este comunicado, como en otros asuntos de interés.

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